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El Pais.

Remiendo en falso

La ‘tasa Google’, de dudosa aplicación, no resuelve el desequilibrio en pensiones
09/05/18
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

El Gobierno ha anunciado, con más precipitación que acierto, que utilizará el llamado Impuesto a las tecnológicas (conocido vulgarmente como tasa Google) para financiar en parte el aumento del coste de las pensiones pactado por Rajoy con el PNV a cambio de que el partido vasco apruebe el Presupuesto de 2018. La decisión está envuelta en una confusión extrema, cuya causa probable es el periodo de desconcierto político que viven el Gobierno y el Partido Popular. La creación de un impuesto a las empresas tecnológicas es inobjetable; procede de una iniciativa de la Unión Europea, cuyos objetivos evidentes son aumentar la recaudación de los Estados miembros y poner en pie una política fiscal unificada europea sobre las empresas que hasta ahora la eluden con notable éxito. Pero la aplicación que pretende hacer el Gobierno suscita tantas dudas que, en el mejor de los casos, parece un remiendo chapucero.

De entrada, el gravamen sobre las tecnológicas está pensado como un impuesto, es decir, como un gravamen cuya recaudación engrosa las arcas del Estado con fines universales. El Gobierno español convierte este impuesto —que debe ser aprobado por una Ley sustantiva— en una tasa al atribuirle la finalidad de pagar parte del sobrecoste (unos 3.400 millones en dos años) de las pensiones.

Pero la confusión más grave se produce porque el Plan de Estabilidad cuenta ya como si el Estado fuera a recaudar 600 millones por este impuesto en 2018. Escolano y Montoro deberían explicar como es esto posible a los perplejos españoles, porque es muy dudoso que haya tiempo para aprobar la ley correspondiente; y en el caso de que llegara a aprobarse de prisa y corriendo apenas se recaudarían 300 millones, la mitad de lo que se calcula que correspondería anualmente a España según cálculos comunitarios.

Por el hilo del impuesto tecnológico se ha llegado al ovillo del déficit. La Comisión Europea, atenta a las inconsecuencias de la política fiscal española, calcula que este año el déficit público será del 2,6%, cuatro décimas sobre el objetivo comprometido. No en vano el Gobierno se ha lanzado a bajar los impuestos para comprar votos parlamentarios a Ciudadanos y a subir los salarios públicos. Este exceso es anterior al coste del acuerdo en pensiones. La pregunta es sencilla ¿cómo piensa Montoro ajustar el déficit desbordado al compromiso del 2,2%? ¿Con nuevos recortes en Sanidad y Educación?

El Gobierno se ha equivocado gravemente en el tratamiento de las pensiones y, de paso, confunde a los ciudadanos. El problema del sistema es su equibrio financiero a medio y largo plazo; aumentar la recaudación —por métodos discutibles— para pagar la revalorización de las prestaciones —después de haberla negado enfáticamente antes— es un remiendo pensado para mantener a Rajoy y al PP al frente del Gobierno. Una política mezquina que debería ser castigada en las urnas. Pero no resuelve el desequilibrio a medio y largo plazo del sistema, causado por un aumento creciente de pensionistas con una esperanza de vida cada vez mayor y con prestaciones más caras. La reforma de 2013 no resolvía el problema; pero su liquidación apresurada no hace sino agravarlo El Pais.


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