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Foto: El País.com
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“El antídoto contra la corrupción es abrir las puertas y ventanas de las instituciones”

CARLOS LESMES, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CGPJ.
02/09/14
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JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 25 AGO 2014 

Ocho meses después de llegar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la mano del Gobierno del PP, Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) ha impulsado un portal de transparencia donde se detallan los gastos de los miembros de la institución. Una vacuna contra la tentación a la que sucumbió Carlos Dívar, expresidente de este organismo, quien dimitió por pagar con dinero público sus viajes privados en fines de semana que duraban cuatro días. Lesmes ejerció como fiscal, alto cargo en los dos Gobiernos de José María Aznar y magistrado de lo contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, que ahora preside.

Pregunta. La corrupción ha vuelto 20 años después de que algunos graves escándalos fueran castigados con penas que podrían haber resultado ejemplarizantes. ¿Qué ha fallado?

Respuesta. La corrupción florece con más facilidad en situaciones de bonanza económica. De hecho, los procesos ahora abiertos vienen referidos a la época de bonanza del país, donde este tipo de comportamientos se producen con mayor facilidad. Ahora, la percepción de la gravedad que conlleva la corrupción es mayor precisamente por la situación de crisis que vivimos, donde hay muchos ciudadanos que lo están pasando mal y la percepción del corrupto es, en este momento, mucho más descalificante.

P. La democracia, según algunos expertos, tiene dos armas para combatir la corrupción: la transparencia y una conciencia pública despierta y exigente. ¿Existen ambas cosas en España?

R. Siempre ha existido una cierta transparencia, pero con el nivel de exigencia actual, no. De hecho, una de las iniciativas legislativas más relevantes de esta legislatura es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que existe en la medida en que hoy es una demanda importante de la sociedad española que hace unos años no existía. Abrir las puertas y ventanas de las instituciones y que lo que se hace en cada una de ellas, empezando por esta, pueda ser observado por los ciudadanos, es claramente un antídoto frente a la corrupción. Y sobre la segunda consideración, sin ninguna duda. Las leyes por sí mismas no pueden atajar estos problemas, pueden paliarlos, pero no eliminarlos. Es precisa una conciencia sensible frente a los comportamientos corruptos a través de la propia manifestación del voto y la exigencia de la sociedad.

P. ¿Cree que la Administración debe copiar el modelo implantado en el CGPJ a través de su portal de transparencia, que permite conocer a través de su web todos los gastos de sus miembros, sus viajes, las obras y servicios que se contratan...?

R. No queremos dar lecciones a nadie, sino ser exigentes con nosotros mismos. Queremos que el Consejo sea un órgano muy transparente para que se gane la confianza de los ciudadanos y de los jueces.

P. Si este portal de transparencia hubiera existido hace cuatro años, ¿cree que no habría dimitido el entonces presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, porque no habría gastado dinero público en viajes privados que se hubieran conocido?

R. Hacer historia ficción no me gusta. Lo que sí es verdad es que la transparencia impone exigencias a todos. Somos conscientes de que estamos siendo examinados. Siempre es un límite a posibles abusos. Es un antídoto frente a los excesos.

P. ¿Aumentar las sanciones penales o crear nuevos delitos es la solución?

R. El derecho penal no es la única solución. La existencia de controles internos en las Administraciones es posiblemente más eficaz para combatir la corrupción que la propia respuesta penal, porque esta es tardía. La corrupción siempre tarda en descubrirse, los procesos tardan en tramitarse y tardan en juzgarse. La mejor respuesta es la preventiva. Reforzar los controles internos en las instituciones y que estos sean eficaces, creo que es más efectivo que la respuesta penal.

P. El fiscal general del Estado defiende que la instrucción pase a manos de los fiscales porque el actual modelo está viciado y contribuye a retrasar todos los procesos. ¿Está de acuerdo?

R. No creo que el sistema de investigación por el fiscal vaya a aportar una mayor eficacia de la que aportan los jueces de instrucción. El sistema de investigación por los jueces tiene unas virtudes muy destacadas: la profesionalidad, que es muy elevada, equivalente a la de nuestros fiscales pero en ningún caso inferior; y la independencia. A los jueces que llevan temas de corrupción, no hace falta citarlos pero están en la mente de todos, se les podrán reprochar otras cosas, pero no que no sean independientes. Lo son todos ellos. Ahora, esto es una cuestión de opción legislativa. En otros países la investigación la realizan los fiscales. Si fuéramos en ese camino, hay que asegurar la imparcialidad del fiscal y también introducir mecanismos de responsabilidad que hoy tienen los jueces. No creo que la investigación del fiscal sea necesariamente mejor que la que actualmente realizan los jueces de instrucción.

P. ¿Entiende por qué no está tipificado aún en el Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos políticos? ¿Habría que inhabilitar a un partido que se financiase ilegalmente?

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(Ver entrevista completa)

 

 

   


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