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El País.com

Desiguales desde la guardería.

El precio puede ser más del doble según la autonomía para familias de renta similar. Las cuotas han subido en distintos puntos de España hasta un 175% durante la crisis.
16/07/14
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J. A. AUNIÓN. Madrid. 12 JUL 2014.

Con un mes y medio de embarazo, Eliana Castillo, de 27 años, empezó a buscar una guardería para su futuro bebé. Para muchas familias, esa es una de las primeras preocupaciones, incluso, desde que se plantean la posibilidad de tener descendencia. Pero en el caso de Eliana, la desazón probablemente era mayor: tiene otro niño de ocho años (de cuyo padre está separada) y sabía que este segundo, que hoy tiene siete meses, lo iba a tener sola, así que necesitaba un lugar donde dejarle para poder salir a trabajar.

Pronto se dio cuenta de que no la iba a poder pagar, aunque no deja de repetir que ella, al final, no se puede quejar: cobra unos 1.200 euros al mes en su empleo como administrativa y recibe otros 250 de su expareja para los gastos de su hijo mayor. Pero una escuela infantil pública de la Comunidad de Madrid le costaría más de 300 euros al mes (entre la cuota, la comida, los extras) y la privada, algo (no mucho) más. El alquiler, la luz, los pañales, la gasolina del coche para ir a trabajar, los imprevistos, la comida, los gastos del niño mayor..., las cuentas no le salían.

Sin embargo, en otras comunidades —en muchas de las cuales tienen en cuenta, a diferencia de Madrid, la condición de familia monoparental para reducir las cuotas—, le saldría más barata una plaza de educación infantil. Sin ir más lejos, en la vecina Castilla y León (121) solo abonaría algo más de un tercio.

Los padres suelen pagar en función de la renta familiar, pero las comunidades y, en muchos casos, los ayuntamientos (buena parte de esos centros son municipales) fijan sus propios precios para estos centros escolares públicos, que también presentan una extraordinaria heterogeneidad a la hora de establecer cuotas especiales a familias numerosas o por tener a varios niños a la vez en la escuela.

Por ejemplo, una familia compuesta por padre, madre y bebé menor de un año que gana 25.400 euros anuales (la renta mediana de los hogares españoles en 2010, según el Banco de España) pagaría por una plaza pública 82 euros si consigue entrar en un centro público dependiente del Gobierno aragonés (solo son 12 de las 200 escuelas de la región; el resto dependen de los consistorios). Sin embargo, abonaría 121 en Castilla y León (aunque aquí los centros autonómicos acogen solo a un tercio de los alumnos), 167 en Andalucía, algo más de 200 en Navarra o La Rioja y 336 euros en Madrid. Eso, por tener al niño escolarizado a jornada completa (suelen ser siete horas) y por el comedor, pero sin contar las posibles horas extra que muchos padres han de sumar para cuadrar sus quehaceres laborales.

En el caso de Eliana Castillo, que vive en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, no se vio capaz de afrontar el gasto y acabó recurriendo a su hermana, en paro, que se queda cada día con el bebé. Pero ¿y si la canguro familiar consigue un empleo? “Pues no sé…, pero probablemente me iría a una guardería privada, que no es mucho más cara [la Comunidad de Madrid reparte cheques de 100 o 160 euros al mes como ayuda al pago de la escuela infantil privada] y abre en agosto y los festivos”, responde Castillo.

Estudios, estudiosos e instituciones de todo tipo insisten desde hace muchos años en la importancia de esta etapa desde el punto de vista social —para la conciliación, la economía y, al final, la natalidad, que en España es de las más bajas de Europa— y el educativo —sobre todo, para corregir desigualdades de partida de sectores menos favorecidos que después son mucho más caras de compensar—. Pero la cobertura no está garantizada: la escuela infantil para menores de tres años no es obligatoria ni gratuita, tampoco en las escuelas públicas.

El Gobierno central impulsó en 2008 un plan que preveía crear 300.000 plazas, que era la oferta desatendida que se calculó entonces. Pero a mitad de camino llegaron los recortes —aquel plan se eliminó cuando se habían creado solo 71.000 puestos— y las subidas de precios en buena parte de España, que expulsaron a muchas familias que no lo podían asumir. En Madrid, en 2012, el encarecimiento fue de entre el 20% para las rentas altas y el 175% para las más bajas con niños menores de un año; hubo una subida de hasta el 75% para las medias y altas en Galicia; en la ciudad de Barcelona el incremento supuso más de un 33%; en el municipio de Murcia se dobló en 2013... Mientras, en otras comunidades como las dos Castillas o Andalucía se han mantenido o apenas se han encarecido, con lo que han aumentado las diferencias dentro de España.

 

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